Programa de gobierno

La gestión administrativa.

Las administraciones públicas tienen la obligación de gestionar todos los recursos económicos debidamente, pues de la capacidad de sus representantes depende la calidad de vida de las personas. Se debe seguir el ejemplo que se aplica en naciones socialmente avanzadas como Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, entre otras. En esos países, el porcentaje de políticos que gobiernan en función del número de habitantes es muy inferior al de Canarias, con la diferencia, además, de que en estas Islas se aplica un sistema electoral parlamentario poco democrático para restringir el acceso a nuevas formaciones políticas que puedan llevar a cabo una mejor gestión.

En Canarias no hemos tenido un proyecto de gobierno basado en la realidad de estas Islas; solo ha existido un sistema económico especulativo en torno al turismo y construcción, al tiempo que se abandonaron los sectores productivos tradicionales. Todo ello repercutiendo negativamente en nuestra economía, y haciéndonos más dependientes del exterior. Hasta los años 80, el progreso era evidente, pero a partir de principios de los noventa, contrariamente a lo que se cree, comenzó el retroceso; situación que estalló en 2008. Una crisis a la que no se hizo frente basándose en las posibilidades existentes, empezando por reducir costes prescindibles, llevando a cabo una gestión adecuada, y desarrollando las energías renovables y la agricultura y ganadería; sectores que el “Gobierno” no ha querido potenciar. Debemos recordar que existen grandes intereses particulares en torno a la introducción del gas y en el negocio de las importaciones de alimentos. 

El producto interior bruto (PIB) de Canarias para el año 2007 fue de 42.385 millones de euros y para el año 2010, 40.475 millones. Desde entonces el PIB se ha mantenido en torno a los 40.000 millones de euros; lo que significa que el descenso ha sido solo un 5% aproximadamente. Si a esto le añadimos que el sector del turismo, el que más dinero genera ha aumentado, llegamos a la conclusión de que gran parte de la riqueza de Canarias no la disfruta los habitantes de estas Islas; situación que también nos proponemos cambiar con el apoyo de los ciudadanos.

Las soluciones a nuestra economía, pasan, en primer lugar, por gestionar el dinero público disponible con racionalidad, con sentido común. Pues se pueden ahorrar en torno a 1.000 millones de euros anuales en las distintas Instituciones públicas, incluyendo cabildos y ayuntamientos, principalmente en las de mayor presupursto, para a su vez mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos. Cantidad que se puede redistribuir, por ejemplo, destinando 400 millones de euros a la sanidad pública, otros 400 millones a servicios sociales, 100 millones a educación y formación profesional y otros 100 millones al desarrollo de la agricultura y ganadería. De esta manera acabaríamos con las temibles listas de espera en el servicio de salud, paliaríamos las penurias de un alto porcentajes de ciudadanos/as que incluso tienen que pedir para no morirse de hambre, resolveríamos la economía a los jóvenes que quieren estudiar y formarse, y contribuiríamos a garantizar nuestra supervivencia potenciando el sector primario. 

El ahorro de 1.000 millones de euros ya mencionado es posible reestructurando el sistema administrativo, y evitando el despilfarro. En el Gobierno de Canarias sobra la mayoría de los asesores y cargos de confianza, pues esos puestos los deben desempeñar los funcionarios, que para eso están. Sobran coches oficiales, organismos y empresas innecesarias o deficitarias, que solo se han creado para colocar a los que no fueron elegidos en las urnas, y en las que sus gerentes cobran sueldos incluso superiores al del presidente. Se debe eliminar los alquileres “pactados” y muy caros, y trasladar las oficinas a lugares menos céntricos o comprar los inmuebles. También se debe reducir considerablemente los gastos de representación, y aplicar todas estas medidas en los cabildos y ayuntamientos. Debería estar prohibido por ley que los políticos cobren por asistir a actos culturales y religiosos. El que quiera ir a una procesión, por ejemplo, debe hacerlo por devoción y no cobrar por ello; y si hay un acto por el que hay que pagar entrada, ellos también deben hacerlo.

La Radio Televisión Canaria tiene un presupuesto anual de unos 40 millones de euros. De esta cantidad se pueden ahorrar 30 millones, si se lleva a cabo una gestión directa, pues con 10 millones es posible hacer programas y documentales interesantes de estas Islas relacionados con nuestra naturaleza, historia y cultura, lo que a su vez sería beneficioso para las productoras de audiovisuales insulares y permitiría volver a contratar un buen número de periodistas para desarrollar esta labor.

El Parlamento de Canarias en 2013, por ejemplo, con un presupuesto anual en torno a los 25 millones de euros, destinó 4.439.896 euros a la Audiencia de Cuentas, 2.547.118 al Diputado del Común, 2.438.633 al Consejo consultivo y el resto, unos 15.500.000 euros, a sufragar los salarios de los diputados y demás gastos; cantidades similares que se han venido malgastando hasta el presente. De todas estas cantidades se pueden ahorrar unos 10 millones de euros, pues la labor del Diputado del Común se puede desarrollar en el propio Parlamento, el Consejo Consultivo no es vinculante, por lo que no tiene sentido, y para la Audiencia de Cuentas sobra la mayor parte de ese dinero, ya que el mejor control a las Instituciones del Gobierno canario lo tendrían que ejercer Comisiones parlamentarias.

Para una mejor administración y servicios, proponemos que se endurezcan las medidas para los casos de especulación y tráfico de influencias y que cada Cabildo insular se convierta en el representante del Gobierno canario. De esta manera no solo se evita la doble autonomía para ciertas áreas, sino que ejerce todas las competencias y se mantiene un mejor equilibrio en el desarrollo económico de todas las Islas. Igualmente proponemos que las competencias de haciendas locales y urbanismo pasen a los Cabildos insulares para evitar que los representantes de cada ayuntamiento especulen convenientemente. Así, además, se evitarán notables diferencias en los impuestos, y existirá un mejor reparto y equilibrio entre todos los municipios.

Las administraciones locales, son entidades cercanas a los ciudadanos, por lo que consideramos que son necesarias pero reduciendo gastos mancomunando servicios y manteniendo la cantidad de funcionarios que cada una necesita para atender debidamente a los ciudadanos, convirtiéndose a su vez en las oficinas representantes de cada Cabildo insular: es decir, seguirían ejerciendo las mismas funciones, incluso para la recaudación de los impuestos y tasas municipales.   Solo debe reducirse el número de concejales asalariados, a 2 o 3 en municipios de pocos habitantes y establecer los sueldos de cada uno en función de los ingresos del ayuntamiento y de la capacidad de gestión de los ediles.

Los impuestos en herencias y donaciones entre familiares de primer y segundo grado deben eliminarse nuevamente, pues esos pagos no están siempre al alcance de los más débiles económicamente. Los impuestos en general deben limitarse a todo tipo de actividad productiva y no a un bien por el que ya se ha pagado.

           

El desarrollo económico

Las energías renovables es un sector que beneficia al medio ambiente y es muy rentable. Además, estas energías limpias solo tienen un 40% de costo frente a las de combustibles fósiles y contaminantes. El abundante sol y viento y la gran extensión de mar que tenemos en cada una de las Islas Canarias pueden producir la electricidad que necesitamos. Esta es una de las principales claves para el progreso, y sin embargo no se ha utilizado, repetimos, por los grandes intereses particulares en la introducción de gas, con la complicidad del “Gobierno” canario. 

La producción de estas energías no solo es muy beneficiosa para nuestra economía, sino que en la construcción de las diferentes infraestructuras se pueden crear unos 20.000 puestos de trabajo. Intervendrán ingenieros, aparejadores, técnicos en general y trabajadores de la construcción; y una vez llevada a cabo todas las instalaciones continuará parte del empleo en mantenimiento.

 

Las industrias agropecuarias, tanto de manera industrial como artesanal, tienen viabilidad económica, por lo que hay que prestarles el máximo apoyo desde las Instituciones públicas. En este sentido se deben dar las máximas facilidades para llevar a cabo las instalaciones para la elaboración de los productos, eliminar trabas burocráticas absurdas y sobre todo no exigir proyectos técnicos costosos.

En Canarias, tenemos quesos que han sido reconocidos con premios internacionales, por su calidad; luego hay que aumentar considerablemente la producción, y fomentar la industria conservera de derivados de plátanos, tomates y jugo de naranja, etc, además de otros alimentos típicos como los mojos. Productos que se pueden exportar, vender en establecimientos hoteleros y  dedicarlos al consumo propio.

 

La agricultura, ganadería y pesca, aunque no sean sectores económicamente rentables como en el pasado debemos prestarle la atención y protección que se merecen por su importancia, pues constituyen la mejor garantía para la supervivencia humana. Su recuperación es posible con el apoyo de las Instituciones públicas y con la creación de consejos reguladores, entre otras vías para su desarrollo, como prohibir o limitar la importación de alimentos innecesarios o que son rentables producirlos en Canarias.

Las principales dificultades con las que se encuentran los productores canarios es que a ellos se les exige el cumplimiento de las férreas  normativas de la UE con relación a los alimentos de engorde de los animales, mientras que esas medidas no se las exigen a los países no europeos desde donde se exporta carne para Canarias; discriminación que hay que eliminar tomando las medidas correspondientes.

Para el desarrollo del sector primario, lo primero que hay que hacer es garantizarles el pago de  las subvenciones a los productores sin retraso. Luego se deben organizar empresas mixtas para la canalización y ventas de los productos, y no menos importante sería la creación de un fondo con dinero público para así poder anticiparles mensualmente el pago de la producción para que tengan liquidez y puedan continuar la labor, además de garantizarles un mínimo de ingresos en  caso de pérdidas de cosechas por condiciones climáticas adversas.

Estas y otras soluciones, de acuerdo a las propuestas o sugerencias que puedan hacer los propios productores, facilitarán la recuperación del sector, el cual debe desarrollarse en primer lugar teniendo en cuenta la autogestión alimentaria. Es probable que la producción de frutos ecológicos tenga una mejor perspectiva cara a la exportación y venta; por lo que debemos ir cambiando el sistema, ya que no se puede esperar a que la Unión Europea elimine o reduzca considerablemente las subvenciones. La mejor garantía para los productores debe partir de un Gobierno canario que en los presupuestos incluya una cantidad de dinero lo suficientemente razonable para utilizarla, en función de las necesidades.    

Países de los más avanzados del mundo, como Nueva Zelanda, basan buena parte de su economía en el sector primario, pese a que exportan sus productos a Europa desde una gran distancia, por ello no es válido el argumento de que Canarias no puede competir debido a su lejanía.  E Israel es otro país cuyo gobierno presta mucha atención al sector primario, pese a ser más seco que Canarias, pues han sabido buscar el agua incluso para cultivar parte del Desierto del Néguez. Además, se puede competir con calidad porque los productos canarios los pagan bien en los mercados exteriores.

 

El turismo es el principal sector de nuestra economía, pese a que la mayor parte de los beneficios no se quedan en Canarias. Actividad para la que menos preparación laboral existe por parte de los isleños, y los que la tienen, aparte de estar sobre explotados, están en desventaja porque contratan más a los de fuera, por lo que también debemos cambiar la situación ya que este sector está principalmente en manos foráneas y no es conveniente depender tanto del exterior. En este sentido creemos que los canarios debemos ir tomando el control con la creación de una empresa mixta de operadores, e incluso con una compañía aérea, y seguir el ejemplo del comercio del plátano que también estuvo controlado por empresas foráneas.

La masificación turística ha contribuido a la merma de calidad y a la reducción de un buen número de visitantes que venían buscando tranquilidad, principalmente alemanes, que eran los que más dinero dejaban. Los principales beneficios fueron para los que construyeron gran cantidad de hoteles y apartamentos. Beneficios que en buena parte se llevaron para invertirlos en otros lugares al tiempo que las antiguas construcciones se fueron quedando obsoletas. Luego, es inaceptable que las Administraciones públicas participen ahora con dinero para la recuperación de la planta hotelera.

Ahora, lo que debemos hacer es mejorar la calidad y servicios al máximo, diversificar la oferta, mantener las playas en buenas condiciones, prestar la máxima seguridad posible, evitar la estafa a los visitantes y mejorar la información a través de centros oficiales provistos de traductores, especialmente en islas con turismo rural como La Palma, El Hierro y La Gomera. Esta es la mejor manera y la más económica para el fomento del turismo, en vez del gasto millonario en promociones oficiales, pues así los visitantes no solo volverán, sino que al llegar a sus países recomendarán las Islas Canarias. No se puede continuar construyendo y volver a cometer los errores del pasado ya que el aumento de turistas no es compatible con la economía sostenible y el medio ambiente. Hay que mejorar la calidad en la planta hotelera existente y no la cantidad.

 

El transporte

El desarrollo económico de Canarias está muy condicionado por el transporte aéreo y marítimo. Los pasajes del transporte aéreo se pueden reducir hasta la mitad de los precios máximos actuales, ya que comparativamente el coste del avión entre islas es más del doble de caro que desde cualquier parte de Europa. Si se regulara por ley que el precio máximo fuera el 50% del actual, los pasajeros pagaríamos la mitad, es decir, en vez de 40 euros ida y vuelta de La Palma a Tenerife, por ejemplo, pagaríamos 20; y el gobierno solo tendría que subvencionar la mitad de lo que paga en el presente, así se evitaría perder este máximo descuento, por los costes que ello implica a la administración pública. Se debe acabar con la especie de monopolio existente y dejar que operen líneas aéreas con costes económicos.

Con estos precios los aviones irían siempre llenos porque la gente viajará más, especialmente turistas que visitarán La Palma y El Hierro, lo que a su vez será beneficioso para la economía de estas islas en desventaja respecto a las otras. Por consiguiente, como las líneas aéreas se benefician de las subvenciones, el Gobierno debe condicionar los precios de los pasajes o facilitar que otras compañías puedan operar con costes mucho más económicas.

Los políticos no solo deberían haber revindicado el 75% de descuento, sino exigir que se regularan los precios máximos actuales para que se redujeran a la mitad como hemos expuesto anteriormente, pues los principales beneficiados son las compañías aéreas y el más perjudicado el Gobierno con el dinero que les subvenciona con dinero público, que es de todos nosotros.

No menos importante es la potenciación del transporte público, además de la regulación del transporte marítimo para mercancías entre islas, evitando altos costes en embarcaciones rápidas.

           

El régimen económico y fiscal de Canarias empezó a debilitarse en 1986 y en 1991 las normativas de la Unión Europea terminaron con este régimen, con los Puertos Francos, antes muy beneficiosos para estas Islas. El libre comercio y el nuevo REF han perjudicado más nuestra economía como consecuencia de precios competitivos de mercancías importadas ya subvencionadas.  Desde entonces no han faltado “negociaciones” artificiosas como las del “Régimen Especial de Abastecimiento (REA), para supuestamente beneficiar las Regiones Ultra periféricas (RUP), en las que se  incluye a Canarias. El régimen económico y fiscal que se negocia en la actualidad, teniendo en cuenta todo lo sucedido en los años anteriores, no nos garantiza la estabilidad que los políticos quieren vender a los ciudadanos.

La creación de la Zona Especial Canaria (ZEC) y las nuevas zonas francas, a disposición de intereses foráneos, podrían terminar perjudicando aún más a los comerciantes canarios, pues debemos analizar seriamente todo lo ocurrido desde 1991 y buscar las mejores soluciones, ya que  a partir de esa fecha todos los sectores productivos de este Archipiélago comenzaron su declive y han tenido muchas dificultades para exportar mercancías como el plátano, para el que se ha tenido que estar negociando constantemente y sin que haya garantías para su futuro, y menos para el tomate. El REF que a Canarias le han impuesto, ha servido más para beneficiar los productos de la UE y para mantener el gran negocio que existe en las importaciones.

                                               

Planificación territorial y ley de residencia

Para una verdadera economía sostenible, se debe planificar todo el territorio canario en función de las necesidades y características de cada una de las Islas, para a su vez mantener un equilibrio en el progreso social y económico. En primer lugar debemos cuidar el medio ambiente y llevar a cabo las infraestructuras que cada isla necesita para su desarrollo, teniendo en cuenta lo prioritario. No se puede continuar construyendo obras de poca utilidad o que no tienen preferencia frente a la necesidad de mejorar la red de carreteras del interior de cada isla; y menos aún derrochar dinero en obras mal ejecutadas.

Canarias tiene una superficie de 7.446,6 kilómetros cuadrados y una población en torno a los dos millones de habitante, ya que unos 50.000 canarios han tenido que emigrar por el efecto de la “crisis”. El enorme aumento de población, de aproximadamente medio millón de foráneos que llegaron a estas Islas desde principios de los 90 hasta 2008 no solo desestabilizó todo el sistema de servicios, sino que finalmente ha afectado la economía gravemente, ya que no hay suficiente empleo para todos los habitantes de Canarias.

Consecuentemente debemos controlar la población mediante una ley de residencia justa para los canarios y residentes ya establecidos. No es cierto que no se pueda limitar el establecimientos de personas en territorios que forman parte de la Unión Europea, pues Luxemburgo es un país donde existe una ley de residencia, precisamente porque es un territorio pequeño y muy poblado. Todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna, y nada tenemos en contra de quienes han venido a trabajar a estas islas, pero la grave situación económica que sufre el pueblo canario, aparte de haber sido una “crisis fabricada”, tiene mucho que ver con el desempleo.

 

El empleo

Las pequeñas y medianas empresas forman un tejido fundamental en el Estado del bienestar, principalmente las pequeñas. Pese a todo no reciben la protección que debieran, y se sienten perjudicadas con excesivas medidas e impuestos, desproporcionados en comparación a los que pagan las grandes empresas. Y no menos costoso y lento son los trámites para constituir una empresa o abrir un comercio; por todo lo cual hay que corregir esta situación.

Las pequeñas empresas y autónomos generan en torno a los dos tercios de la totalidad del empleo; por ello hay que prestarles el máximo apoyo, pues son las que más derecho tienen a beneficiarse de incentivos. En este sentido se debe reducir considerablemente la cuota de autónomos a la Seguridad Social si los márgenes de ingresos son escasos. Las cuotas actuales deberían reducirse o  alternativamente que repercutan en una mejor pensión de jubilación. Y, como se hace en otros países, que se pague la parte proporcional de la pensión que le corresponde a una persona que no haya cotizado el mínimo de años exigidos, pues eso es un sistema abusivo y discriminatorio que debe corregirse.      

Se debe fomentar el empleo con políticas que favorezcan tanto a los empresarios como a los trabajadores, y en todo caso con igualdad de salarios entre mujeres y hombres que desempeñen la misma labor. Creemos que si un operario obtiene la baja laboral, debe ser el sistema de la Seguridad Social el que se haga cargo desde el primer día y no la empresa. Esto, además, ayudará a la contratación de personas de más de 50 años, y muy especialmente a los que están próximos a la jubilación. Y con relación al rendimiento, debería existir un organismo mixto para analizar casos donde un operario no cumpla el mínimo exigido o, al contrario, evitar que los empresarios fuercen a los trabajadores a un rendimiento superior al establecido.

Si un operario no pudiera cumplir con el rendimiento normal, debido a su edad o por cualquier anomalía, se debe compensar, por ejemplo, con una reducción en el pago a la Seguridad Social, sin que ello le afecte a su futura pensión de jubilación. Y si el sistema de la Seguridad Social no pudiera hacer frente a estas nuevas cargas, se debe dotar una partida en los presupuestos generales para cubrirlas, ya que son incentivos para generar empleo. Además, mejor es que las personas de más de 50 años tengan un empleo y se sientan útiles aportando su experiencia laboral en vez de concederles pagas o ayudas en calidad de limosna.

           

Sanidad, educación y demás servicios sociales

La recaudación en la Seguridad Social en Canarias ha sido muy superior al gasto, pues en algunos años ha habido un superávit de más de 1.000 millones de euros. En 2011, en plena “crisis”, en estas Islas hubo unos beneficios de 465 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Dinero que el Gobierno español utilizó para cubrir el déficit de las pensiones de otras Comunidades que tienen una media superior a 1.000 euros mensuales, mientras que la de Canarias está en torno a los 800 euros.

Pero, además, en vez de destinar esos beneficios a mejorar la sanidad canaria, el Gobierno español ha venido reduciendo muchísimo las partidas correspondientes al Servicio Canario de Salud. Pese a todo, el Gobierno canario no tenía que haber reducido los presupuestos para la sanidad, servicios sociales y educación, como lo ha hecho, pues lo que tenía que hacer era gestionar mejor y recortar en otros gastos prescindibles, como hemos indicado ya, pudiendo ahorrar unos 1.000 millones de euros para, a su vez, reinvertirlos en estos servicios, incluyendo la Ley de Dependencia, la cual hay que aumentar notablemente, ya que se debe tener en cuenta que la ayuda no es solo para la persona afectada, sino para quien la atiende.

En el año 2011, por ejemplo, el gasto por habitante en Canarias en Sanidad fue de 1.188 euros; lo que contrasta con los 1.559€ en el País Vasco; 1.499€ en Navarra y 1.424€ en Asturias. Ejemplos que demuestran que existe un atropello, un trato muy injusto a los canarios. Y en el apartado de Educación, Canarias gastó 748 euros por habitante frente a los más de 1.500€ del País vasco, 1.000€ de Navarra y más de 900€ de Castilla-La Mancha. Y todo ello teniendo en cuenta que el Gobierno español también obtiene grandes beneficios en la recaudación de impuestos en Canarias, porque carecemos de Hacienda propia.

La educación y formación profesional es de vital importancia. Los/las jóvenes de hoy son los/las que garantizarán el bienestar en el futuro, por consiguiente hay que fortalecer el sistema educativo público con calidad para que podamos tener estas garantías. La educación debe ser gratuita para los/las estudiantes universitarios/as, incluso en cursos de doctorado y máster, para así estar todos en igualdad de condiciones. Uno de los mejores ejemplos lo vemos en el País vasco, donde el gasto por habitante es el doble que en Canarias.

Además de corregir estas deficiencias, Canarias por el Progreso propone construir residencias dignas en zonas abiertas y ajardinadas para las personas mayores o con discapacidad y atender económicamente todas las residencias que necesitan ayuda. Y de igual manera creemos que se deben construir residencias especiales en zonas rurales para los jóvenes desamparados como mejor alternativa a la que tienen en su propio entorno. De esta manera, en vez de estar vigilados por la policía, estarán atendidos por personal cualificado para su recuperación y posible formación profesional.

           

Vivienda

El principal endeudamiento y dificultades económicas de muchas personas está relacionado con la vivienda. Por ello se debe posibilitar la autoconstrucción de las mismas, y además reducir bastante el gasto en los proyectos, licencias e impuestos. En especial se debe dar facilidades para la construcción de viviendas en zonas rurales para que los hijos y nietos de los agricultores y ganaderos continúen con esa labor. Ello implica que habrá que cambiar algunas leyes medioambientales, pero a su vez es beneficiosa, ya que es, precisamente, la mejor manera de mantener el medio ambiente. Lo que no se deben llevar a cabo son urbanizaciones en zonas agrícolas productivas.

La nueva Ley del Suelo, tiene algunas cosas buenas, pero no permite edificar en menos de 2.000 metros cuadrados. Esto significa que el que tiene una superficie total superior a esta pero dividida en varias partes, en lugares distintos, no puede construir en ninguna. Sin embargo, se puede prestar a una nueva especulación inmobiliaria si alguien compra varias de estas fincas en el mismo lugar para destinarlas a la construcción de numerosos apartamentos; lo que podría repercutir negativamente en el desarrollo de la agricultura debido al aumento del precio del terreno.

Las políticas de prohibiciones y de recalificación de suelo se han desarrollado en beneficio de muy pocos y han repercutido negativamente en la economía de quienes han comprado viviendas con hipotecas; todo un gran negocio, muy especialmente para las entidades financieras. Luego, el Gobierno español no tenía que ayudar directamente a la banca, sino  emplear esa decena de miles de millones de euros en librarles la hipoteca a los más necesitados, a muchas miles de familias, y quedarse con esos bienes inmobiliarios hasta que sus propietarios pudieran pagarlos al Estado con los intereses incluidos. De esta manera los bancos podían ingresar el capital que necesitaban al tiempo que se les resolvía el sufrimiento a quienes han sido desahuciados. No solo se pudo haber hecho un bien social muy importante, sino que, al contrario, se hubiera evitado que el Estado ayudara económicamente a parte de los culpables del desastre.     

                          

Formas de gobierno

En la actualidad, Canarias tiene una autonomía muy limitada, que no permite tomar decisiones importantes porque carece de competencias. Por ello, en los fines de esta organización incluimos la propuesta de “fortalecer el Gobierno canario hasta alcanzar la máxima autonomía o soberanía en función de las necesidades y de lo que en cada momento decidan libre y democráticamente los ciudadanos”.

Canarias necesita tener Hacienda propia, el control de puertos y aeropuertos y en las exportaciones e importaciones, una ley de residencia justa, mar territorial con sus aguas delimitadas, y todas las atribuciones que le permitan gobernar sin tener que depender de Madrid o Bruselas, principalmente en asuntos internos. De continuar como estamos, solo podremos poner parches a la situación económica. Los habitantes de este Archipiélago tenemos derecho a una buena calidad de vida, y eso es posible haciendo uso de nuestros propios recursos y tomando el control de los mismos con una buena gestión pública.

Canarias ha sido objeto de muchas falsas promesas, de grandes engaños como el de los 25.000 millones de euros que el Gobierno español prometió. Más que una promesa fue un “acuerdo” del Consejo de ministros celebrado en Canarias en 2009, pues se “comprometieron” a transferirle al Gobierno de Canarias esta cantidad a razón de 2.500 millones de euros anuales durante 10 años, empezando en 2011. Desde entonces, han hecho todo lo contrario reduciendo las partidas. Un incumplimiento que no se ha reclamado. Esta cantidad le corresponde a Canarias por derecho propio porque es inferior a lo que el Gobierno español recauda aquí y en empresas cuyas sedes están fuera de las Islas.

El nivel de vida para los canarios con 2.500 millones de euros extra en los presupuestos de estas Islas sería similar al de los países más avanzados del mundo. Significaría mejoras sustanciales en la sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, vivienda, y sobre todo en un aumento notable en salarios y pensiones.

 

Este resumen del programa de gestión pública de Canarias por el Progreso podrá ser mejorado con posibles aportaciones de futuros miembros y colaboradores, pues esta es una organización abierta a cualquier persona que quiera participar.  

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Canarias por el progreso